TESTIMONIOS

Mi familia, mi necesidad de estudiar derecho y mi primer exilio

Nací en Chinandega, Nicaragua, el 7 de octubre de 1959, fui la quinta de seis hijos que tuvieron mis padres. Fui a un colegio de monjas españolas y al terminar mi bachillerato estudié un curso de inglés en la Universidad de College Station Texas, en Estados Unidos. Estando allí mi madre me dijo que me quedara en los Estados Unidos porque la situación política de Nicaragua estaba muy inestable y podría haber violencia, era 1978, y para la dinastía de la familia Somoza era cada vez era más difícil mantenerse en el poder.

Sin embargo, no acepté, porque yo quería estudiar la carrera de derecho y como planeaba vivir en Nicaragua, eso era algo incompatible con estudiarlo en la Estados Unidos; así que regresé, me inscribí y comencé a estudiar la licenciatura de derechos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León.

Pero casi tres meses después de haber iniciado mis estudios, una mañana cuando me dirigía a la Universidad, mi padre me dijo que no podía ir, que el régimen por medio de la Guardia Nacional había matado a unos estudiantes ese fin de semana y que era muy peligroso en Nicaragua ser estudiante universitario, que no iba a regresar, que me iba a quedar en casa. A mí el mundo se me derrumbó en ese momento.

Pasé muchos días muy tristes, pero diciéndole a mis padres que yo quería tener una carrera universitaria, que quería estudiar, que esa situación de inestabilidad podía durar años y que yo no quería quedarme sin estudiar. Unas semanas después mi madre me dijo que buscara donde estudiar fuera del país, que ella me iba a apoyar porque a ella también su padre le había cortado sus deseos de estudiar y que no permitiría que se repitiera la historia conmigo. Su padre pensaba que las mujeres eran del hogar, al terminar la primaria y a pesar que ella quería estudiar contabilidad, le compró una máquina de coser para que aprendiera a hacer ropa para sus futuros hijos y se preparara para ser madre y ama de casa, y que a mí eso no me iba a pasar porque ella me apoyaba para tener una carrera universitaria. Así que inmediatamente me puse a investigar donde podía estudiar la carrera de derecho y que este fuera compatible con vivir y trabajar en Nicaragua, y un par de meses después estaba viajando a Bogotá, Colombia. Iniciaba -sin saberlo- mi primer desplazamiento forzado, sin conocer a nadie, con 17 años de edad, una maleta de ropa y un cheque de 3 mil dólares en la mano.

 

Mi «segundo exilio»

La segunda vez que tuve que dejar Nicaragua debido a la situación política de mi país fue en 1988, cuando ya me había graduado de abogada y ya estaba de regreso en Nicaragua, mi padre me dijo que si yo quería ejercer mi carrera debía “volverme sandinista ya que ese régimen no permitía el ejercicio liberal e independiente de la profesión”. Siendo mi padre abogado, toda su vida opositora al régimen somocista, se había retirado y no ejercía su profesión en Nicaragua debido a la falta de espacio y garantías al Estado de Derecho. Entonces comencé a buscar una beca para seguir estudiando en el extranjero, tenía menos de 30 años, estaba divorciada y tenía dos hijos. Obtuve una beca Fulbright que me permitió estudiar una maestría en Derechos Comparado en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, en la que también obtuve una beca para obtener mi Juris Doctor. Ese fue mi segundo exilio, ahora acompañada de mis hijos.

Cuando terminó la guerra civil no declarada de Nicaragua y ganó las elecciones presidenciales Doña Violeta de Chamorro, sentí que había recuperado mi país, y en cuanto me gradué regresé a Nicaragua, en 1983, siempre quise vivir allí y trabajar en mi país. Comencé a acompañar a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, lo que aun hago, desde el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) aunque ahora desde mi tercer exilio, a mis 58 años de edad. El 2 de junio de 2018 solo con mi computadora y una maleta, cerré la puerta de mi casa dejando todo dentro –sobre todo mi biblioteca de libros colectados en los últimos veinticinco años- ya mis hijos son adultos y están viviendo fuera del país.

Mi interés por defender los derechos humanos, creo que es algo que nació en mí desde muy niña, y lo veo en dos de mis tres nietos, que se fijan en su entorno, piensan en el porqué del comportamiento de la sociedad y esperan equidad y respeto de las figuras públicas de poder, creo que eso viene con cada uno de nosotros. Además el espíritu y la mentalidad independiente de mi padre tuvo gran influencia en mí, las historias de mi madre respecto a la dictadura de Somoza García, específicamente sus narraciones sobre las detenciones ilegales (redadas) motivadas políticamente contra mi abuelo materno primero y luego contra mi padre, y todos los que eran opositores, conservadores y liberales independientes, cada vez que ocurrían acciones de inestabilidad política o que así las consideraba el régimen el siglo pasado, fueron actos que marcaron a mi madre en su vida como hija y esposa.

Esas situaciones las creímos superadas, pero la realidad ahora nos demuestra que nunca han desaparecido de la historia de Nicaragua, y que los estudiantes que a partir del 18 de abril de 2018 de manera pacífica levantaron su voz, queriendo romper estos círculos de violencia, de la historia recurrente que cada 35-40 años se repite en Nicaragua. Asimismo, también mi padre estuvo expulsado por dos años, bajo amenaza de muerte si regresaba a la Universidad de León, por el régimen de Somoza, teniendo que interrumpir sus estudios y separarse del movimiento estudiantil de esa época.

Me equivoqué al pensar que nunca más en Nicaragua viviríamos acontecimientos similares a los de la insurrección popular de 1977-1979, pero en muchos aspectos siento el déjà vu de situaciones como los jóvenes siendo perseguidos, expulsados de las universidades y de personas que se han exilado por temor al régimen. Recuerdo que en esa época terminé bachiller y vi como los jóvenes más pobres eran encarcelados, oía que llegaban a sus casas y de allí los sacaban. Nosotros mismos escondimos a mi hermano menor en un closet por varios días por temor a que se lo llevara la Guardia Somocista. Esto me producía mucho temor e indignación, y sentía que no había nada que yo pudiera hacer. Entonces me prometí que iba a estudiar derecho para poder contribuir a una sociedad más justa, no sabía cómo lo haría, pero si quería marcar una diferencia.

Mi conocimiento sobre la Costa Atlántica de Nicaragua y el trabajo con las comunidades indígenas y afros

Durante la época que estudiaba mi doctorado en Estados Unidos, comencé a investigar sobre los derechos culturales y políticos del régimen de autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, y así nació mi interés por los pueblos indígenas y afro descendientes y sus instituciones. Cuando me gradué regrese a Nicaragua, vine a través de un programa de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), tenía 32 años, jamás había votado en elección alguna y no conocía la Costa Caribe de Nicaragua. Mi única noción era la de la Geografía de Nicaragua del Dr. Jaime Incer que estudiamos en secundaria y nos parecía tan exótico el nombre de la Bahía de “Monkey Point” sin saber entonces que con esa comunidad trabajaría por más de 20 años luego en mi vida.

Vine a trabajar al  Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas (INDERA) y en la Bluefields Indiana & Caribbean University (BICU) y me trasladé a vivir a Bluefields, entre más conocía la realidad de los pueblos indígenas y afro descendientes más me fascinaba y a la vez me concientizaba de la discriminación en la que viven, discriminación  traducida en el colonialismo interno, y específicamente producto de la codicia por parte de las elites políticas y económicas de Nicaragua por los recursos naturales, que tradicional e históricamente les han pertenecido y han preservado estos pueblos. El etnocentrismo del resto del país se expresa en el sentido de asumir por medio de las políticas públicas como la educación o la salud, que todos somos hombres, hablamos español y profesamos la religión católica. Entonces me comprometí con los derechos humanos de estos pueblos. Recién llegué a la Costa comencé a trabajar en un proyecto de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, con la Comunidad Mayangna (Sumo) de Awas Tingni en la RACCN que culminó con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2001.

Después de 30 años de trabajar con los pueblos indígenas y afro descendientes he aprendido que se puede vivir con muy poco y tener una vida plena, pero que todos tenemos derecho a tener oportunidades y que no se les debe privar de ellas a nadie. He trabajado con líderes indígenas y afro descendientes que hablan español, inglés, misquito y mayangna, pero no escriben ni leen ninguno de esos idiomas. Gente que vive en situaciones de mucha precariedad pero que han sabido desarrollar lo mejor de sí.

 

La crisis de abril de 2018 y las consecuentes hostilidades

Durante la crisis de “abril 2018”, me integré a la primera mesa de diálogo, y ahí insistí que el Estado es el garante de los derechos humanos. Es que es precisamente el Estado el que debe garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos humanos constituyen la línea que limita el poder estatal frente a las personas. La principal obligación que tiene el Estado es el respeto a la vida y a la integridad física y moral de sus ciudadanos, por eso lo que ha ocurrido en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018 es inaceptable, como lo han expresado los diferentes organismos internacionales (UE, OACNUDH, CIDH y GEHRN) sobre la situación de Nicaragua.

Mientras viajaba por tierra en mi calidad de coordinadora de CALPI con una delegación de autoridades del Pueblos Indígena Rama y Kriol y de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, fuimos retenidos en el puesto fronterizo de Las Manos, en noviembre de 2017, y aunque después de decirnos que no nos iban a dejar salir del país, nos dejaron proseguir el viaje, a partir de entonces comencé a ser retenida cada vez que salía o entraba al país sin darme explicación alguna. En abril de 2018 envié una carta preguntando qué estaba pasando, a la Ministra de Gobernación y a la Directora de Inmigración y Extranjería, pero no obtuve respuesta alguna.  Y como estamos en la etapa de implementación de la sentencia de la CIDH en el caso Acosta y otros vs Nicaragua, 2017, puse en conocimiento de esta situación a la CIDH.

Posteriormente, durante mi participación en el Dialogo Nacional, en el que actué en  calidad de miembro de la Alianza por la Justicia y la Democracia en representación del sector académico como Presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y junto al Padre José Idiáquez, entonces Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), la noche del 30 de mayo de 2018, llegó a buscarme a mi casa  una decena de miembros de la Juventud Sandinista, vistiendo las camisetas de esa organización, visiblemente armados con piedras, y como no me encontraron en mi casa el incidente no paso a más.

Sin embargo, en ese momento me di cuenta  lo vulnerable que era  mi situación, ya que como ciudadana de Nicaragua no sentía la confianza de poner la denuncia ante la Policía Nacional, y por ende sentí que vivía en un país donde no existía ninguna garantía para mi vida o mi integridad física y moral y decidí salir del país, y tres días después salí siendo objeto nuevamente de retención en el puesto fronterizo donde las autoridades de migración nuevamente iniciaron el ritual de apartarme de la fila, preguntarme en que trabajaba, y ordenarme que esperara mientras hacían algunas averiguaciones, llamaban a Managua lo que tomaba aproximadamente media hora, hasta que como las otras veces me permitieron reanudar mi viaje, esta vez a mi tercer exilio.

Lo irónico del régimen de Nicaragua es que ha acumulado tanto poder, que podría estar en sus manos resolver la crisis por medio de un dialogo franco y sincero con los nicaragüenses, si así lo considerara. Sin embargo, hasta ahora no parece que esté convencido de que esa sea la salida y en su lugar continúa apostando a la represión, sin tener éxito ya que existe una gran resistencia ciudadana dentro del país, mientras el éxodo de más de medio millón de personas marca un derrotero incierto para todos los nicaragüenses, aunado a las privaciones arbitrarias de la libertad, al despojo de la nacionalidad y a las expropiaciones de facto contra centenares de personas. Mientras tanto, la situación económica de Nicaragua está llegando a su límite y las sanciones diplomáticas y económicas de entidades internacionales como la OEA, los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, no se han hecho esperar.

Asimismo, debido a la exteriorización de las opiniones y al trabajo de los defensores de derechos humanos, periodistas, artistas, médicos y otros sectores independientes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, se les canceló la personería jurídica a más de tres mil ONG, sin embargo, esto no ha detenido el activismo de la mayoría de los defensores de derechos humanos que ahora trabajamos desde el exilio. Los miembros de las ONG defenestradas, son personas de gran conocimiento y experiencia en su trabajo, mística y convicción, por lo que siguen trabajando con enorme compromiso personal y con el país, como también lo han hecho de manera muy visible por la propia naturaleza de su trabajo, los periodistas independientes exiliados en Estados Unidos, España y Costa Rica, principalmente.

 

El caso de mi familia en la CIDH

Dentro de toda esta lucha como defensora, llevé el caso de mi familia, Acosta y otros versus Nicaragua, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Torturaron a mi esposo y lo asesinaron, cuando venían a por mí. Fueron 15 años en buscando justicia y en 15 años pasan un montón de cosas, hubo altibajos, pero tuve mucho apoyo moral y técnico de muchas personas, pero sobre todo fue tan terrible la forma en que el juez Julio Acuña Cambronero, y los autores intelectuales del asesinato de mi esposo, Peter Tsokos y Peter Martínez, los que instrumentalizaron la administración de justicia de Nicaragua ante la vista indolente de las más altas autoridades del Poder Judicial, para lograr la impunidad de los asesinos.  Eso me mantuvo para continuar buscando que a mí y a mi familia se nos respetara el derecho a la verdad y que el Estado se comprometiera a garantizar el principio de no repetición, porque, aunque esto no me va a devolver a mi esposo no quisiera que nadie pasara por el dolor que me causó perderlo en esas circunstancias ni la ignominia de la que fui víctima por parte del sistema judicial nicaragüense. En este sentido la sentencia de la CIDH es una forma de reivindicación moral ya que el juez y los autores intelectuales pretendieron de manera temeraria y maliciosa vincularme al asesinato de mi propio esposo.

Además, una Sentencia de la CIDH constituye per se una forma de reparación, adicionalmente, en el caso Acosta y otros vs. Nicaragua la Corte ordenó al Estado a: “Publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen oficial en el plazo de 6 meses en el diario oficial y en un diario de circulación nacional; y la Sentencia disponible por 1 año los sitios web: del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la Republica, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Ministerio Público” y a “Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y gastos. Lo cual el Estado cumplió a principios del año 2018, realizando las publicaciones y entregado las indemnizaciones, que son siempre simbólicas, en comparación con el daño causado.

Pero también mandató la CIDH: adoptar las medidas necesarias para que el hecho del homicidio [del señor Francisco José García Valle] no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas, lo que implica iniciar las investigaciones sobre el asesinato de mi esposo de manera profesional y seria, como si hubiera ocurrido el día que estas se inicien, porque este no prescribe, y hasta llegar a la verdad. Sin embargo, aunque el fallo se dio en el año 2017 el Estado se ha resistido a realizar la investigación, para eventualmente enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato, es más, en total desacato ha dicho que no investigará. Ya que la falta de justicia en el caso está también íntimamente relacionada a la irregular actuación de los jueces y magistrados que conocieron del asesinato y que continúan en la judicatura.

Y como no es un secreto que el sistema judicial nicaragüense desde hace muchos años está sujeto a corrupción y a presiones políticas que no permiten que los jueces sean electos o permanezcan en sus puestos por sus capacidades y probidad lo que impide que actúen de manera independiente y profesional en todos los casos, como ocurrió con el caso del asesinato de mi esposo Francisco José García Valle. El Estado de manera particular, se niega a realizar las investigaciones a los jueces y magistrados que conocieron del caso y que sirvieron de cooperadores necesarios para lograr la impunidad que actualmente gozan los autores intelectuales del asesinato, como lo ha declarado la misma Corte Interamericana en la Sentencia.

Y, finalmente, como garantía de no repetición la sentencia también establece que el Estado debe “elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos”, y así evitar que estas y sus familiares sean perseguidos, sujetas a retaliaciones y re victimizadas, como lo hicieron con mi familia y conmigo, y en su lugar se respete “el derecho de defender derechos” que nos asiste. Sin embargo, el Estado tampoco ha cumplido con esta obligación, y peor aún, ha endurecido su política con respecto de las personas defensoras de los derechos humanos, principalmente durante y después de la crisis socio-política que vive el país a partir del 18 de abril de 2018, persiguiendo a líderes sociales estudiantiles, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas independientes, etc. Por lo que continuamos ante la CIDH solicitando la implementación total de la sentencia.

No es fácil llevar un caso a la CIDH, requiere de una experiencia única que no es muy frecuente en nuestro país, pero una vez conocida la experiencia es un proceso muy interesante. Con la reforma al código penal y el sistema oral que actualmente se implementa en Nicaragua las diferencias se han acortado y existen muchas similitudes con los procedimientos internacionales ante la Comisión y la Corte Interamericana. Sin embargo, la falta de independencia judicial, como lo ha reconocido la CIDH y el GIEI en sus recientes informes, constituye un verdadero lastre para la administración de justicia en Nicaragua.

Es pertinente señalar que los fallos de la CIDH son definitivos, inapelables y de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han firmado el protocolo aceptando soberanamente la jurisdicción de la CIDH y, por ende, se han comprometido cumplir plenamente con estos fallos como parte de sus obligaciones internacionales ante el concierto de las naciones civilizadas y democráticas del mundo.

Por lo que la CIDH ejerce supervisión de sus propias sentencias. La Corte no cerrará el caso hasta que se haya cumplido la sentencia en su totalidad; mientras tanto hay comunicaciones, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento y audiencias públicas entre las partes, a través de la Corte IDH, para implementar las sentencias.

Un Estado que es llevado a la CIDH se expone al mundo, los estados son muy sensibles a ser o no, tenidos como violadores de los derechos humanos entre sus pares y ante la comunidad internacional, ya que por su propia naturaleza son instituciones comprometidas a respetar y tutelar tales derechos, además, mucha de la cooperación internacional está sujeta a la observación de los derechos humanos por parte de los Estados. La soberanía de los Estados no puede ya ser utilizada como defensa moral ni técnicamente válida, para evadirse del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, considerados universales por todos los Estados. Esto solo sería comparable a la persona que, invocando el derecho a la privacidad, pretenda perpetrar actos de violencia extrema contra los miembros de su familia dentro del hogar, e impedir que los vecinos o las autoridades intervengan para evitarlo.