Monumento a la Verdad y la Memoria

En 2003 un amplio colectivo de organizaciones de derechos humanos compuesto mayoritariamente por mujeres inauguró en San Salvador el mayor espacio de memoria dedicado a las víctimas civiles del conflicto armado. Se trata del Monumento a la Verdad y la Memoria, en el cual se lograron grabar más de 29.000 nombres de personas que fueron asesinadas o desaparecidas durante la represión de la década de 1970 y durante el conflicto armado entre 1980 y 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El Monumento también incluye la referencia de 194 masacres de población civil en ese periodo.

La Comisión de la Verdad creada como parte de los Acuerdos de Paz investigó graves hechos de violencia ocurridos durante la guerra, de los cuales atribuyó el 95% al Estado (ejército, cuerpos policiales y escuadrones de la muerte). Entre las recomendaciones de reparación simbólicas, la Comisión incluyó la creación de un espacio de memoria que reconociera a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la Comisión fue descalificada y sus recomendaciones desestimadas por el gobierno de derecha de entonces. En 1993 la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Amnistía General que blindó la impunidad en el país.

Durante más de siete años, la concertación denominada Comité Pro-Monumento a las Víctimas Civiles de Violaciones a los Derechos Humanos trabajó desde la base social para hacer realidad ese espacio de memoria y dignificación. Su labor incluyó la investigación y documentación de nombres de víctimas (unificando bases de datos ya existentes y recopilando nuevos datos), el diseño del memorial, la realización de campañas para lograr recursos, y toda la gestión de la construcción. El muro con placas de granito en el que están grabados los miles de nombres propios mide 90 metros y está acompañado de un mural artístico que representa hitos de represión y lucha en la historia salvadoreña (ver vídeo).

Este lugar de memoria, el principal y más grande del país, fue posible por el esfuerzo sostenido de mujeres de base ligadas al movimiento de derechos humanos y al movimiento feminista (http://cdn.designa.mx/CREFAL/revistas-decisio/decisio-43-44-articulo-7.pdf). Con los años, el memorial se ha convertido en un espacio de sanación y reivindicación para familiares de las víctimas; convoca para “encontrarse” y trabajar duelos que no han podido elaborarse por las circunstancias tan traumáticas de la pérdida, y para seguir demandando justicia. Es también una herramienta pedagógica para la transmisión de la memoria de las víctimas a las generaciones más jóvenes que no han vivido de manera directa la guerra. De hecho, en el activismo de las mujeres por la agenda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la memoria histórica ocupa un lugar central como eje de acción frente a las políticas oficiales de “borrón y cuenta nueva”. El conjunto de argumentos que da vida tanto a este tipo de sitios de memoria como a la conmemoración de fechas importantes relacionadas con las violaciones de derechos humanos, tiene como base el convencimiento colectivo de que recordar es parte de la lucha contra la impunidad (http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/publications/292).