El proceso de estas diez mujeres tiene una gran relevancia, no solo por la deuda de justicia hacia ellas, sino también porque su acción contribuye a situar en el debate social la violencia sexual durante la guerra, y a cuestionar los sesgos de género de la justicia salvadoreña.
País: El Salvador
Entre 2018 y 2021, diez mujeres salvadoreñas víctimas de violencia sexual en los años previos y durante el conflicto armado en El Salvador, pusieron denuncias ante la Fiscalía General de República para que sus casos sean investigados y se haga justicia. Esta acción pública ha sido posible, por un lado, por la valentía de las propias sobrevivientes de la violencia y, por otro, por el acompañamiento organizativo y psicosocial del Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH). Esta asociación, que, en buena parte está formada por víctimas de la violencia de Estado y defensoras de los derechos humanos, se dedica al trabajo de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes cometidos durante la guerra.
Las diez mujeres demandantes tenían entre 14 y 32 años cuando fueron sometidas a distintas formas de violencia. Además de amenazas, golpes, torturas, desaparición o ejecución de familiares, las mujeres denuncian hechos de violencia sexual contra ellas, por ejemplo, violaciones, en ocasiones reiteradas y colectivas, con casos en los que se reportan embarazos como producto de las violaciones. Esta violencia sexual se cometió entre 1974 y 1986, en un contexto de intensa persecución política en distintos puntos del territorio salvadoreño. Los perpetradores fueron soldados de la Fuerza Armada, agentes de las distintas policías de la época, integrantes de grupos paramilitares como la Organización Democrática Nacional (ORDEN), escuadrones de la muerte y, en uno de los casos, un responsable guerrillero.
Después de muchos esfuerzos del movimiento de víctimas y de derechos humanos, en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Amnistía General que había sido impuesta en 1993 para impedir la investigación y judicialización de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Según el Informe final de la Comisión de la Verdad de El Salvador (https://digitallibrary.un.org/record/183599?ln=es), que fue dado a conocer unos días antes de la aprobación de la Amnistía General, el 85% de los casos son responsabilidad del Estado. La derogación de la Amnistía fue hito para el movimiento de derechos humanos y, de manera especial para las propias víctimas, quienes desde entonces han emprendido acciones legales para exigir justicia. Sin embargo, el sistema de justicia salvadoreño no se ha caracterizado por la voluntad ni celeridad para esclarecer la verdad y hacer justicia. Algunos estudios como el de la Fundación para el Debido Proceso, constatan la falta de judicialización de los casos presentados por las víctimas y el hecho de que no se ha producido ninguna condena (https://dplf.org/es/resources/infografia-denuncias-de-casos-sobre-conflicto-armado-presentadas-por-las-victimas-ante-el).
A pesar de este panorama sombrío, las mujeres demandantes y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan, como el CPDH, siguen trabajando contra la impunidad y, en este caso, contra la impunidad de la violencia sexual. El proceso de estas diez mujeres demandantes tiene una gran relevancia, no solo por la deuda de justicia hacia ellas, sino también porque su acción contribuye a situar en el debate social la violencia sexual durante la guerra, y a cuestionar los sesgos de género de la justicia salvadoreña.
